El martes la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur y el fiscal de Estado, Eduardo Allende se reunieron con representantes de otras 14 provincias demandantes para cobrar los fondos de la coparticipación, tal como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia el 1º de octubre pasado.

“Pediremos a la Corte que intime al Estado nacional a cumplir con la orden judicial de transferir los recursos que le pertenecen a las provincias, bajo apercibimiento de que si esto no se cumple, se giren las actuaciones a la justicia penal, porque habría incumplimiento en los deberes de los funcionarios públicos nacionales” dijeron ante declaraciones a la prensa.

Hace ocho días que la Corte Suprema dispuso que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Allende explicó que “estuvimos reunidos el foro de fiscales del Estado formado por las 15 provincias que iniciamos este juicio, y los ministros de Economía que hicieron un aporte muy importante en esta reunión porque nos dieron las bases, el conocimiento técnico, para ver cómo los decretos del Poder Ejecutivo afectan a la coparticipación provincial” y añadió: “Se ha presentado el Estado nacional días atrás en la Corte, diciendo que no puede cumplir con la medida cautelar porque no se ha expresado supuestamente la forma en que esto se hace”

Tras el encuentro, el fiscal puntano detalló que “los ministros nos han dado un colaboración sumamente importante a los fiscales de Estado porque nos han demostrado que la AFIP conoce exactamente el costo fiscal de estas medidas, es más, acaban de presentar esta mañana (por martes) un informe en el Congreso nacional, en la oficina de Presupuesto Público, donde se dice que el impacto para los provincias será de 46 mil millones de pesos, es decir que hay una base para cumplir con esta medida cautelar”. 

Hemos llegado a la conclusión con los demás fiscales que es una mera maniobra dilatoria del Estado nacional para no cumplir con la orden de la Corte Suprema.
Y hemos tomado la decisión de presentar quince escritos, donde pediremos a la Corte que intime al Estado nacional a cumplir con la orden judicial de transferir los recursos que le pertenecen a las provincias, bajo apercibimiento de que si esto no se cumple, se giren las actuaciones a la Justicia Penal, porque habría incumplimiento en los deberes de los funcionarios públicos nacionales”, determinó.

Cabe destacar que a través de los decretos 561/19 y 567/19 (tras las PASO) Mauricio Macri eliminó el IVA de un grupo de alimentos y dispuso una modificación en el alcance del Impuesto a las Ganancias, sobre los salarios.

Dichas medidas fueron cuestionadas por 15 provincias, ya que según ellos, implementarlas afectarían a la coparticipación.

Fuente: ANSL

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