El Gobierno se opuso al pedido de la ex presidente Cristina Kirchner para suspender el juicio oral por la obra pública entregada a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La Unidad de Información Financiera, en su rol de querellante, se opuso al planteo de la defensa y aseguró que lo único que se busca es dilatar el debate que sentará en el banquillo a la ex presidente, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, entre otros.

'Llama la atención que siendo la realización del juicio oral y público el momento propicio para que su defendida demuestre su inocencia, se intente dilatar, de forma infundada e improcedente, su comienzo', sostuvo el escrito al que accedió Infobae y fue entregado al Tribunal Oral Federal N° 2 este mediodía.

En las últimas horas la defensa de la ex presidente había pedido la postergación del inicio del debate fijado para el próximo 26 de febrero en un planteo paralelo solicitó que el juicio se hiciera en la provincia de Santa Cruz.
El fiscal Diego Luciani rechazó el pedido.
Ahora también se pronunciaron las querellas.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, adelantó que también se opondrán a esta maniobra.
Mientras tanto, la UIF formalizó su rechazo a través de un escrito que lleva la firma de su vicepresidente, la abogada María Eugenia Talerico.

'Es claro que, por una vía inapropiada se pretende posponer la fecha de inicio del juicio oral y público y a su vez incorporar nueva instrucción suplementaria a la ya oportunamente proveída por el Tribunal.
Ninguna de las dos cuestiones puede tener favorable acogida por parte de V.E., ya que, respecto de la producción de nueva instrucción suplementaria existe un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia que no suspende el curso de las actuaciones, y de la segunda, no ha logrado demostrar, como lo requiere todo planteo de nulidad, a lo largo de su presentación donde reside el perjuicio que alega, haciendo sólo una mención a la necesidad de contar con la prueba encomendada antes del debate', afirmó.

A criterio de la UIF, ''dejar sin efecto' o 'anular' el punto dispositivo en cuestión, entendemos que deberá ser rechazada por el Tribunal, dado que constituye una maniobra dilatoria para evitar la prosecución del juicio oral y público, sin estar relacionado a ningún perjuicio real, concreto y actual'.

Además, Talerico afirmó que 'aquí ya se empieza a vislumbrar lo dilatorio del planteo, que no está ligado a tal o cual producción de prueba, sino a la intención de evitar el debate público'.

Se afirmo que la falta de una pericia que se está produciendo no implica un perjuicio a la defensa a la hora de iniciar el juicio .
'Es claro que estamos frente a un proceso judicial voluminoso y extenso, que consta de cuantiosa prueba y documentación y que por tanto se extenderá a lo largo de varios meses, sin que pudiera suponerse ciertamente que, durante ese lapso no se producirá dicha instrucción suplementaria y se pondrá a disposición de las partes para su revisión y control', sostuvo la UIF.

Incluso se añadió que 'de solo cotejar la cantidad de testigos aceptados por el Tribunal, y que no se vinculan con la prueba pendiente, puede sostenerse que el debate puede desarrollarse sin obstáculos ni afectación al derecho de defensa, a la espera de los resultados de la pericia encomendada, que por cierto ya está en curso de producción'.

'No existe perjuicio alguno para la defensa, por lo que hay que sostener que lo que se pretende es dilatar el inicio del juicio, lo cual a su vez atenta contra los principios de celeridad y certeza', completó.

Fuente: Infobae >> lea el artículo original