La decisión de volver a contratar a CGS&H fue una recomendación al Ejecutivo del ahora procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.
El exsecretario general de la Presidencia es, a nombre del Estado argentino, el que debe asumir la defensa institucional de los juicios que se le hacen al país en el exterior.
Esto incluye tanto la operación de colocación de deuda, si hay acuerdo; como los posteriores y eventuales embates en los tribunales de Preska.
Lo que Zannini recuerda y, en consecuencia recomienda, es que CGS&H siempre acompañó durante el juicio contra los fondos buitre la posición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; aun aclarando en varias oportunidades que no estaba de acuerdo ni con la estrategia de fondo ni con posiciones puntuales.
Valoraba Zannini, que el abogado que representaba al país en aquel juicio, Carmine Boccuzzi, era claro y directo en las críticas (muchas y en todas las alternativas); pero que una vez tomada la decisión desde Buenos Aires, la defensa era profesional y tomando las instrucciones del Gobierno de entonces como la norma a seguir.
Tal nivel de aceptación de las disposiciones oficiales, fue lo que llevó luego del cambio de Gobierno con la llegada de Mauricio Macri al poder, a cambiar de representante legal ante los tribunales de Nueva York.
Por recomendación de Alfonso Prat Gay, la negociación final con los fondos buitre la hizo CS&M en el bufete del entonces special master Daniel Pollack, designado por Griesa para cerrar el acuerdo final.

Ahora vuelve CGS&H; y, según el escrito conocido ayer, con otro representante legal llevando adelante el caso argentino: el socio del bufete Andrés de la Cruz, quién firmó la presentación a nombre del estudio. Por el lado argentino la firma correspondió a Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.

Según la presentación legal, Argentina pidió ayer permiso oficial para emitir bonos y cupones de deuda soberana bajo legislación de Nueva York por unos u$s50.500 millones, destinados exclusivamente al proceso de canje de los títulos públicos que comenzarán a ser renegociados, se supone, a partir de la próxima semana; y luego de la oficialización de la oferta de hoy (ver nota aparte).
Si bien el monto exacto y la forma en que se oficializará la quita se conocerá hoy en Olivos, la línea general a seguir será el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo pasado, que plantea que la cantidad de deuda a renegociar será de u$s68.842.528.826 millones, lo que incluye los bonos emitidos en la operación de canje del 2006.
La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de 51.652.645.202 dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.

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